Liberdade de expressão, direito à informação e redes sociais : regulação constitucionalmente adequada sobre a moderação de conteúdo na construção de um espaço virtual democrático e plural

Abstract

Pocos temas representan un problema capaz de dar oportunidad a la investigación académica o la conversación informal en cualquier parte del mundo; uno de ellos, sin duda, es el problema de la desinformación. Después de casi seis años que el término "noticas falsas" fue considerado "palabra del año", continúa, en cualquier nivel de discusión, extremadamente actual. Ya sea en el ámbito político-electoral o en la gestión de políticas públicas, como las de hacer frente a la pandemia o las políticas para inmigrantes y refugiados, las noticias falsas siguen siendo la pieza central de la inestabilidad política, la inercia gubernamental y la sacudida democrática. No en vano, ya se ha hablado mucho sobre cómo combatir la desinformación y regular a las empresas tecnológicas y su modelo de negocio que se beneficia de la difusión de noticias falsas y la polarización social, por lo que muchos fueron congresos, seminarios, artículos y libros que buscaban dar algún sentido al problema, además de proyectos de ley y otros mecanismos regulatorios propuestos con el objetivo de responder a los riesgos de la tecnología utilizada para la manipulación y desestabilización democrática. Sin embargo, aún no se ha encontrado unidad de pensamiento sobre cómo enfrentar el problema, y es posible verificar un sinfín de propuestas en los más diversos sentidos, tanto desde el punto de vista teórico como normativo. Tras situar el problema en el primer capítulo esta tesis establece la Constitución Federal como un punto central para tomar posición sobre la regulación de las redes sociales, retomando los fundamentos establecidos por el constitucionalismo como única vía posible de ofrecer respuestas capaces de sostenerse en un régimen democrático. Así, ante el problema de la regulación constitucionalmente adecuada de las empresas tecnológicas en la moderación de contenidos, ante el problema central de la desinformación, esto significa proponer mecanismos regulatorios que se encuentren dentro de los límites constitucionales. Los capítulos segundo y tercero son los encargados de presentar esos límites, que imponen, por un lado, el deber de abstenerse del Estado imponiendo obstáculos que no pueden ser legítimamente superados; por otro, un deber de acción, impulsando al Estado a actuar, no admitiendo inercia ante las campañas de desinformación. Así, la conclusión de la primera parte es que la Constitución debe irradiar sobre la regulación de las empresas tecnológicas, y no es permisible, en un Estado democrático de Derecho, pensar en propuestas regulatorias que, incluso bien intencionadas, estén fuera de los límites constitucionales. En el segundo momento, en busca de mecanismos que puedan conformar el marco regulatorio con el fin de adaptar el desempeño de las empresas tecnológicas, nos enfrentamos a los precedentes internacionales que actualmente regulan o proponen regular el desempeño de las redes sociales en la moderación de contenidos. Así, se establecen las disposiciones que actualmente regulan la materia, tanto a nivel nacional como internacional; y, además, las propuestas actuales que buscan cambiar estos mecanismos, especialmente en el escenario de la Comunidad Europea. En conclusión, el capítulo 6 busca exponer la síntesis de lo desarrollado a lo largo de la obra, considerando que las redes sociales hoy son los espacios de primacía para el ejercicio de las libertades comunicativas, no siendo posible cualquier mecanismo que importe en la censura previa, y define el deber de establecer un marco regulatorio amplio e interconectado, agnóstico en relación con el contenido de las manifestaciones individuales, con el objetivo de condicionar la estructura de las redes, afectando la arquitectura y el funcionamiento de las plataformas sociales, con el fin de lograr los objetivos constitucionalmente establecidos de construir una sociedad plural y democrática. A la hora de concretar las posibilidades regulatorias, se sugieren cinco pilares: la búsqueda de la autenticidad de los espacios virtuales, la igualdad y garantías procesales de los usuarios, la autodeterminación en el uso de las redes, la transparencia de las empresas tecnológicas y la educación digital.

Few themes represent a problem capable of allowing for academic research or informal conversation anywhere in the globe; one of them, no doubt, is the problem of misinformation. After almost six years that the term "fake news" was considered "word of the year", it continues, at any level of discussion, extremely current. Whether in the political-electoral sphere or in the management of public policies, such as those of dealing with the pandemic or policies for immigrants and refugees, fake news continues to be the centerpiece of political instability, government inertia and democratic unsettling. Not surprisingly, much has already been discussed about how to combat disinformation and regulate technology companies and their business model that profits from the spread of fake news and social polarization, so many were congresses, seminars, articles and books that sought to make some sense of the problem, in addition to bills and other regulatory mechanisms proposed with the aim of responding to the risks of technology used for manipulation and democratic destabilization. However, no unity of thought has yet been found on how to face the problem, and it is possible to verify a myriad of proposals in the most diverse senses, both from the theoretical and normative point of view. After placing the problem in the first chapter, and from these findings, this thesis establishes the Federal Constitution as a central point for taking a position on the regulation of social networks, resuming the foundations established by constitutionalism as the only possible way to offer answers capable of sustaining itself in a democratic regime. Thus, when facing the problem of constitutionally adequate regulation of technology companies in content moderation, in view of the central problem of disinformation, this means proposing regulatory mechanisms that are within constitutional limits. The second and third chapters are responsible for presenting those limits, which impose, on the one hand, a duty to refrain, by the State, of imposing obstacles which cannot be held on constitutional grounds; on the other hand, a duty of action, impelling the State to act, not admitting inertia in the face of disinformation campaigns. Thus, the conclusion of the first part is that the Constitution must radiate on the regulation of technological companies, and it is not permissible, in a Democratic State of Law, to think about regulatory proposals that, even when well-intentioned, are out of constitutional boundaries. In the second moment, in search of mechanisms that can make up the regulatory framework in order to adapt the performance of technology companies, we face the international precedents that currently regulate or propose to regulate the performance of social media in content moderation. Thus, the provisions currently regulating the matter are laid down, both nationally and internationally; and, furthermore, the current proposals that seek to change these mechanisms, especially in the European Community scenario. In conclusion, chapter 6 seeks to expose the synthesis of what has developed throughout the work, considering that social networks today are the most important spaces for the exercise of communicative freedoms, denying the possibility of any mechanisms that import in prior censorship, and defines the duty of establishing a broad and interconnected regulatory framework, agnostic in relation to the content of individual manifestations, with the objective of conditioning the structure of networks, affecting the architecture and functioning of social platforms, in order to achieve the constitutionally established objectives of building a plural and democratic society. When specifying regulatory possibilities, five pillars are suggested: the search for the authenticity of virtual spaces, the equality and procedural guarantees of users, self-determination in the use of networks, the transparency of technology companies and digital education.