Punitivismo e medidas cautelares pessoais : uma análise criminológica e processual da expansão do controle penal

Abstract

Este trabajo, llevado a cabo a través de la investigación teórica y empírica, trata de realizar el análisis de los discursos criminológicos contenido en las decisiones judiciales de las cámaras penales del Tribunal de Justicia de Río Grande del Sur, relativas a las sentencias de hábeas corpus que aplicaron medidas cautelares personales después de la entrada en vigor de la Ley nº 12.403/2011. Para ello, se inicia con un panorama teórico sobre la exclusión social y el uso del crimen como un mecanismo central para la gestión de la población problema, se aborda específicamente el uso del derecho penal y procesal penal para mantener el orden social con la criminalización de la pobreza. Se elabora una retrospectiva sobre el tema en el momento de la transición del estado de bienestar social en el Estado penal en Estados Unidos y los reflejos de este proceso en las prácticas adoptadas en Brasil, que a ese tiempo promulgaba su Carta Política después de la dictadura, buscando la redemocratización de sus instituciones políticas y jurídicas. Posteriormente, se examina cómo fueron las disposiciones para la custodia preventiva y la libertad del Código Procesal Penal y sus principales cambios normativos con la promulgación de la Ley N º 12.403/2011. Aún, se plantean algunas inconsistencias del texto y el mantenimiento de viejos problemas presentes en la cosecha cautelar. Por último, se muestran los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través del análisis de la muestra de hábeas corpus seleccionada. En consecuencia, se concluye que las diferencias encontradas en las decisiones pueden señalar dos posiciones principales adoptadas por los jueces de las cámaras, la primera siendo guiada por los principios y garantías fundamentales, con el objetivo de reducir el alcance de la prisión preventiva, favoreciendo el uso de otras medidas cautelares, y la segunda adhiere al llamado denfensivismo-periculosista, retomando el uso de la detención preventiva obligatoria por entender inaplicable medidas cautelares alternativas a ciertos delitos.